Crítica al constitucionalismo (I): La Constitución impide la participación directa

LA CONSTITUCIÓN IMPIDE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA

Art. 1.2.: La soberanía nacional reside en el pueblo español,  del que emanan los poderes del estado.

Como alguien dijo en alguna ocasión, la ley es el lenguaje del poder. A los que ostentan una posición de poder sobre los demás no le interesa que las decisiones dependan de muchas manos, y esto se consigue mediante leyes, restringiendo e impidiendo  la participación de las personas y haciéndolas creer que son incapaces de saber cuáles son sus necesidades en cada momento.

La iniciativa legislativa

Si los poderes del Estado emanan realmente de la ‘voluntad popular’, la iniciativa a la hora de promover o tomar algún tipo de decisión debería implicar a toda la población consciente y debidamente informada. Sin embargo, esto no es lo que sucede. Nuestros representantes ‘libremente escogidos’ y sus ‘funcionarios especializados’ (miles, quizás sólo cientos) elaboran una iniciativa que, más tarde, será aprobada. El clásico ejemplo de la pirámide ilustraría muy bien en qué cosiste, en este caso, la participación: una cúspide constituida por una mínima parte de la población son los que establecen unas reglas a no incumplir por la inmensa mayoría (base de la pirámide). Fin de la participación.

El hecho de que la iniciativa parta de tan pocas manos, y también por esta misma razón, hace que los cauces de participación que proporcionan sean los mínimos imprescindibles para que puedan denominar a lo que ahora existe como democracia.

A pesar de que en la Constitución aparezca que ‘los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz’ (art.48), lo cierto es que ni los jóvenes ni los menos jóvenes pueden intervenir decisivamente en el ‘desarrollo político, social, económico y cultural’. Para ello ya existen las cortes generales, que ‘representan al pueblo español’ y son elegidas ‘democráticamente’ por sufragio universal de todos los españoles cada cuatro años.

Por si no quedara lo suficientemente claro, en el art 87.1 se indica que ‘la iniciativa legislativa corresponde al gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y con los Reglamentos de las Cámaras’ y limita la ‘iniciativa popular’ a la presentación de proposiciones de ley mediante la recogida de 500.000 firmas acreditadas, acotando, eso sí,  las materias sobre las que puede decidirse. No se podrán presentar proposiciones de ley que se refieran a materias de ‘ley orgánica, tributaria o de carácter internacional’ (Art. 87.3). Para aquél que no lo sepa, las leyes orgánicas desarrollan los principios de la Constitución que regulan el ejercicio de los derechos y libertades (entre otros), que son los reconocidos en la Sección 1ª: De los derechos fundamentales y libertades públicas (libertad de expresión, derecho a la intimidad, al honor, de reunión, a la educación…) Por lo tanto, si no podemos hablar de temas tan básicos como el expresarnos libremente; si no podemos decidir sobre temas como qué educación deseamos, y en fin, sobre el contenido en sí de las leyes que van a regir nuestras condiciones de vida, ¿sobre qué se nos deja decidir?

Aún así, se nos podría reprochar que nuestra opinión es expresada directamente y tenida en cuenta en algunas ocasiones puesto que, legalmente, la Constitución recoge la posibilidad de realizar referendos para temas de ‘especial trascendencia’ (Art.92.1). Dejando de lado que no podremos opinar sobre temas de carácter tributario, qué relaciones deseamos establecer con otros países, etc., ¿en cuántas ocasiones hemos participado en algún referéndum en los últimos 30 años? Únicamente en dos ocasiones: sobre la permanencia en la OTAN (1986) y para la aprobación de la Constitución europea de 2005.  El resto de temas que pudieran planteársenos, o no existen o no deben ser lo suficientemente importantes.

Mandato imperativo y representativo

Volviendo de nuevo al tema de la pirámide y de la toma de decisiones, para que se constituyera efectivamente una democracia, el funcionamiento debería ser a la inversa del mencionado, es decir: que la iniciativa partiera de la base de la pirámide, donde todos pudieran tomar parte de las decisiones. (¿Quién mejor que la propia gente puede conocer sus necesidades y sus intereses en cada momento?).

Para que esto pudiera funcionar así, nos deberíamos dotar de unas estructuras que permitieran la concurrencia y la participación de todos en las decisiones. Esto implicaría la horizontalidad en términos de comunicación (puesto que se daría voz a todos) y en términos de toma de decisiones, puesto que se generaría el debate necesario en torno a qué decisiones adoptar, acordando en común sobre la prioridad y satisfacción de las necesidades.

Sin embargo, estas estructuras distan mucho de las actuales, ya que en ellas delegamos nuestros deberes y decisiones en personas ajenas a nosotros y a las que únicamente podrá responsabilizarse de sus actos cada cuatro años (siempre en el caso de que no salgan de nuevo elegidos en las urnas).

Todo lo dicho hasta el momento, lo único que desea reflejar es el estrecho margen en el cual quedan encauzadas las formas de participación. Todo se reduce a la elección de representantes que nos eviten la carga y la responsabilidad de tomar  ‘decisiones importantes’. Este esquema político, que es el que tenemos en la actualidad, es lo que se conoce con el nombre de democracia representativa.

Por razones de funcionalidad, se nos remite a una representación y a un modelo participativo no directo que usurpa nuestra capacidad para decidir, a la vez que nos trata como menores de edad y como seres incapaces de resolver los problemas que se nos puedan plantear. Por ello, ante la eventual necesidad de representación, la única posible para respetar una verdadera democracia deberá ser aquella que tenga por base el mandato imperativo, y no el representativo. Es decir, aquel en el que el representante únicamente pueda hacer lo que sus representados han dispuesto, siendo responsable de todo aquello que haga y no esté de acuerdo a lo establecido por todos, y pudiendo retirársele en cualquier momento su representatividad. Este mandato imperativo no es algo nuevo, ya ha existido a lo largo de la historia, sin irse más lejos, en amplias zonas del Cantábrico y de Castilla.

A la vista de lo anterior, que el artículo 67.2 de la Constitución hable de que ‘los miembros de las cortes generales no estarán ligados por mandato imperativo’, impide la vinculación directa entre el representante y sus representados, eximiendo de su responsabilidad a aquellos que nos representan, que no tendrán por qué respetar o actuar de acuerdo con las personas a las que dice representar. Esto entra en clara contradicción con el artículo 23.1 que habla de que ‘los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes’. Si la personas o personas que me representan no van a ser responsables ante mí de decisiones que han tomado por su cuenta y que no están de acuerdo con lo que yo acordé, ¿dónde está la representación directa? ¿En qué lugar queda la democracia?

El mandato imperativo podrá ser tildado de arcaico, antifuncional o lo que se quiera, pero desde luego es más ‘democrático’ que lo actual, puesto que implica a todos y todas en la toma de decisiones. Pero tal y como queda establecido en el art. 67.2, lo que se advierte es que no se quiere ni se desea que todos podamos participar de ‘los asuntos públicos’. Las leyes están dispuestas así no de forma inconsciente, y por ello también se establecen unos mínimos cauces de participación que le den al asunto un barniz de participación e implicación colectiva, de ahí la inclusión del sufragio y del referéndum. Claro está que toda propuesta que intente funcionar mediante unas reglas más horizontales y ‘democráticas’ (llámese asamblea, asociación de vecinos, municipio, etc.) se escapará a los cauces legales marcados por la Constitución.

Como anécdota, cabe mencionar que la Constitución recoge en su artículo 140 la figura del concejo abierto. Este régimen permite que, para municipios de poca población, la toma de decisiones se realice en asamblea general de todos los vecinos. Curiosamente para poblaciones más grandes, niega esta posibilidad como comentábamos por supuestas razones de funcionalidad y de utilidad…

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